Vertiente legal ha facilitado el tráfico de personas desde 2003.

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WILLEMSTAD – “El parlamento de Curazao y el Ministro de Desarrollo Social, Labor y Bienestar (SOAW) deberían intervenir inmediatamente en la situación actual interna del mismo ministerio, por la emisión de permisos para contratación de extranjeros. La expedición de estos permisos va en contra de los procedimientos establecidos y de hecho es ilegal.”

Así lo afirmó la Corte de Auditoría de Curazao (ARC), tras llevar a cabo una investigación sobre la legalidad de dichos permisos. El reporte fue publicado el pasado Martes y en pocas palabras, es devastador. Al parecer, los servidores públicos del Ministerio solo han estado jugando con estos permisos.

En los últimos tres años, unos 4,000 permisos de contratación fueron remitidos y con frecuencia fueron procesados de una manera muy simple. El método acelerado de expedición de permisos había sido implementado por el gobierno insular de Curazao, cuando el territorio aun formaba parte de las Antillas Neerlandesas en el año 2003, para facilitar el reclutamiento de trabajadores extranjeros necesarios para ciertas posiciones, como fue el caso de los que fueron a trabajar en la Refinería Isla o en Dry Dock (compañía de diques para reparación de barcos).

Lo que está pasando es que el proceso acelerado está siendo aplicado en forma errónea por parte del Ministerio, el cual ha estado recibiendo y procesando peticiones de empresas que no fueron mencionadas en la decisión de 2003. En Octubre del pasado año, la Corte de Primera Instancia declaró que el tráfico de mujeres y la prostitución se habían constatado ya en dos oportunidades.

Las mujeres fueron forzadas a prostituirse cuando realmente habían sido contratadas en compañías que solicitaron permisos para emplearlas como “bailarinas”. Actualmente no existen lineamientos que establezcan los montos a devengar que se ofrecen a los empleados extranjeros. Por ejemplo, ocurre que a los gerentes extranjeros se les ofrece un salario de 2,500 florines, cuando normalmente esa posición es remunerada en Curazao con un salario muy por encima de dicha cantidad. El riesgo más grande es que los extranjeros contratados terminen ocupando una función muy distinta a la especificada al momento de solicitar la licencia.

Evidentemente, hay una vertiente en la expedición de estos permisos de contratación. Son prácticas que se han desarrollado y que van en contra de los intereses del país, concluyó ARC. Este mal uso de la ley es contrario a la intención original de la legislatura, la cual tenía como propósito proteger los puestos de trabajo para los ciudadanos de Curazao y para fomentar la contratación de personas locales.

Las contraindicaciones establecidas representan una seria violación a la voluntad de la legislatura.

Esta situación requiere una acción inmediata por parte del Parlamento de Curazao y el Ministro de SOAW, quienes deben tomar medidas correctivas para asegurar una correcta aplicación de la ley, según explicó ARC.

(Fuente: Curacao Chronicle)

 

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